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Nuevas pruebas de archivo confirman el envío de papeles incautados fuera de tierras catalanas. Afectan al cuerpo documental de Vinaroz (Castellón).
Arrecia la polémica en torno al envío de documentación del Centro Documental de la Memoria Histórica, sito en Salamanca, al Archivo Nacional de Cataluña, en cumplimiento de la llamada ley de restitución. Días atrás, Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura –y hombre de la plena confianza de Ángeles González-Sinde– contaba a LA GACETA: “El ministerio confía plenamente en los técnicos y profesionales que han seleccionado la documentación de los envíos. En caso de duda, los documentos se quedan en Salamanca, y desde Cataluña también se efectúan devoluciones si el documento no es pertinente”. Por este motivo, entre otros, señalaba Blanco que en ningún caso su departamento iba a revisar el envío de legajos a Cataluña.
Investigadores airados
Sin embargo, un investigador de tanta repercusión como Policarpo Sánchez, experto en el Archivo de Salamanca, denuncia “falta de transparencia”, porque se le ha “mentido” en torno a la cantidad y contenido de los envíos efectuados a Cataluña, “infringiendo el precepto constitucional de derecho de acceso a archivos y registros”. Sánchez denuncia asimismo el peligro de conservación que implica “la falta de vigilancia y el acceso a determinadas zonas del Archivo de Salamanca del personal contratado por la Generalitat”.
Por otra parte, en atención al tenor literal de la ley de restitución, cuyo objeto es la devolución de “los documentos y efectos incautados en Cataluña”, cabe mencionar que el ministerio ha entregado papeles que no fueron incautados en el principado, tal y como preceptúa la ley, sino que se han enviado, según Sánchez, “documentos de particulares de Zaragoza, Vizcaya, Valladolid, Valencia, Teruel, Santander, Murcia, Madrid, Málaga, Castellón, Asturias, Alicante y Albacete, que no fueron incautados en Cataluña”.
A modo de prueba, constan varios de estos documentos como ilustración de esta página, con el agravante de que son del cuerpo documental que, incautado en Vinaroz (Castellón), la propia ministra Sinde anunció que se iba a remitir a Cataluña. Así, encontramos, por ejemplo, documentos con sello de “Recuperación de Documentos de Santander”, del Comité Central del PCE que no pueden corresponder a una provincia catalana, pues en la fecha no existían Comités Provinciales del PCE en territorio catalán, o documentos personales valencianos remitidos al Archivo Nacional de Cataluña sin posibilidad de demostrar que fuera incautado en dicha región. Voluntad expresa o negligencia, el Gobierno no parece haberse atenido al rigor exigido por la ley.
Fuente: intereconomia.com