usuaria2010
Experto
El juez entiende que existen indicios de que falsificaban atestados para quedarse con parte de lo intervenido
EFE, Alicante
Un juzgado imputó a dos sargentos, un cabo y un agente de la Guardia Civil del cuartel alicantino de Ibi por apropiarse de dinero de detenidos y falsear atestados policiales en el primer semestre de 2010.
El auto del Juzgado de Instrucción Número Dos de Ibi relata que, supuestamente, los imputados se hicieron con diversas cantidades de dinero previamente incautadas a los apresados e hicieron desaparecer pequeñas cantidades de droga.
Los funcionarios se llevaron a casa una consola Playstation 3 relacionada con una diligencia judicial. La investigación se inició el 4 de mayo de 2010, a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Alicante, que figura como acusación particular y que pide la pena máxima para uno de los sargentos, el cabo y el agente por cometer los delitos, y la libre absolución para la otra sargento, al considerar que desconocía los hechos.
Los tres primeros pudieron cometer falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos y faltas de apropiación indebida, mientras que a la sargento se le imputa la supuesta omisión del deber de perseguir delitos.
El 18 de marzo de 2010, el sargento J.M.A.S. rompió las diligencias hechas por la policía local sobre dos detenciones, en las que se hizo constar que entre los efectos personales incautados había 325 euros. El cabo J.E.G. pidió a los agentes que tenían que elaborar el atestado que no reflejasen el dinero intervenido, "ya que éste podría venirle bien al puesto" y finalmente se "silenció" cualquier referencia al dinero.
EFE, Alicante
Un juzgado imputó a dos sargentos, un cabo y un agente de la Guardia Civil del cuartel alicantino de Ibi por apropiarse de dinero de detenidos y falsear atestados policiales en el primer semestre de 2010.
El auto del Juzgado de Instrucción Número Dos de Ibi relata que, supuestamente, los imputados se hicieron con diversas cantidades de dinero previamente incautadas a los apresados e hicieron desaparecer pequeñas cantidades de droga.
Los funcionarios se llevaron a casa una consola Playstation 3 relacionada con una diligencia judicial. La investigación se inició el 4 de mayo de 2010, a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Alicante, que figura como acusación particular y que pide la pena máxima para uno de los sargentos, el cabo y el agente por cometer los delitos, y la libre absolución para la otra sargento, al considerar que desconocía los hechos.
Los tres primeros pudieron cometer falsedad en documento público, infidelidad en la custodia de documentos y faltas de apropiación indebida, mientras que a la sargento se le imputa la supuesta omisión del deber de perseguir delitos.
El 18 de marzo de 2010, el sargento J.M.A.S. rompió las diligencias hechas por la policía local sobre dos detenciones, en las que se hizo constar que entre los efectos personales incautados había 325 euros. El cabo J.E.G. pidió a los agentes que tenían que elaborar el atestado que no reflejasen el dinero intervenido, "ya que éste podría venirle bien al puesto" y finalmente se "silenció" cualquier referencia al dinero.