Un universitario acude al juzgado para pedir la revisión de un examen

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V.I.P.
Un alumno de quinto curso de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial lleva ocho meses removiendo Roma con Santiago en su afán de demostrar que un examen en el que obtuvo una calificación de 3,8 sobre 9 (suspendió) se merecía mucha más. Lo sorprendente no es tanto el tiempo que lleva exprimiendo la vía administrativa, sino el hecho de que acaba de solicitar un abogado de oficio para llevar su exigencia de revisar aquella prueba a los tribunales.
El tozudo protagonista de la reclamación es un joven segoviano de 29 años, Javier Bajo Barrio, que realizó el examen de la asignatura de Ingeniería del Transporte el 27 de marzo (del curso pasado). «Salí muy satisfecho y convencido de que me había salido perfecto al comentar las respuestas con otros compañeros», recuerda el alumno.
La nota, emitida el 3 de junio -tres meses después-, diría lo contrario. Javier había suspendido y la nota no le permitía sumar la calificación de un trabajo para llegar al aprobado. Cuatro días después llegó la revisión. «Lo primero que me sorprendió es que el profesor nos atendió a todos a la vez cuando el reglamento de ordenación académica -ahora lo conoce al dedillo- dice que no puede ser así, luego me llamó la atención que al comparar la copia que nos dio con las respuestas correctas y mi examen coincidían y, por último, era curioso que no había nada tachado salvo la nota al lado de cada pregunta», resume el estudiante. Su queja, siempre según el testimonio del alumno, le sirvió para que el docente le respondiera que «lo revisaría después».
Escritos, quejas y súplicas
La segunda nota con la revisión nunca salió y quince días después consiguió localizar de nuevo al profesor. «Me dijo que el plazo para la revisión había pasado, aunque me puse muy pesado y, al final, accedió a enseñarme mi examen», añade el joven segoviano, quien argumenta que «sus respuestas fueron contradictorias y llegó a decirme lo mismo que había puesto yo».
A su nota inicial (3,5) le sumó tres décimas que no le servían para llegar al 4 -calificación de corte para poder sumar el trabajo-. El alumno decidió entonces seguir el reglamento al pie de la letra y comenzó una batalla administrativa en la que a día de hoy sigue inmerso después de remitir escritos, quejas y súplicas a todos los estamentos administrativos habidos y por haber, tanto en la Universidad como en la Junta e, incluso, el Ministerio de Educación. «Todavía estoy esperando la respuesta al recurso de alzada que presente ante el rector el 23 de septiembre», lamenta Javier Bajo Barrio antes de aclarar que hace dos semanas tomó la decisión de acudir al Colegio de Abogados para solicitar un abogado de oficio a través del programa de Justicia gratuita.
«El problema es que me dijeron que pueden tardar dos o tres meses en asignarme un abogado, pero tengo claro que pienso seguir adelante y llevaré el caso a los tribunales porque creo que tengo razón», argumenta el alumno de Industriales. Su camino hasta este punto demuestra que no miente en su intención de llegar hasta el final.
Atrás deja ocho meses de reclamaciones dirigidas al departamento de Ingeniería Mecánica, la Comisión de Garantías, al propio rector y a un sinfín más de estancias administrativas. Los dos primeros estamentos universitarios, eso sí, rechazaron sus solicitudes. Tanto es así que la propia Comisión de Garantías le remitió un escrito el 21 de septiembre en el que aseguran que «el departamento ha actuado de conformidad con el reglamento y que, por tanto, no es exigible la revisión de la calificación». Una respuesta similar obtuvo del director del mencionado departamento. Este último declinó ayer valorar el caso «por teléfono» mientras que este periódico intentó sin éxito localizar al profesor de la asignatura.
El alumno, por su parte, insiste: «Las respuestas fueron las que él nos enseñó en sus clases»
 
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